Todos siguen enfrascados -y no es para menos- con el tema del memorando que dirigió el presidente de la república a los titulares de Gobernación, Educación Pública y Hacienda en el que establece ciertos “lineamientos” para dejar “sin efectos” los avances de la reforma educativa. Siendo el dilema el siguiente:

¿El presidente López Obrador pasó o no por alto la constitución al “dictar” (como él dice) dicho pliego instructivo dirigido a su gabinete?

Según mi juicio, es muy claro: desde luego que ese ejercicio del memorando pasa por encima de la ley, pues como lo sostuvo Sergio López Ayllón, Director del CIDE: “Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Esto se conoce como principio de legalidad, y es uno de los pilares del estado de derecho.” , y en el caso, el memorando como documento no tiene base ni sustento legal de ningún tipo: es la nada jurídica, eso y nada, es igual; no es vinculante.

Pero como esto seguramente no pasará de dimes y diretes políticos, el tema que considero realmente debe preocuparnos es el de la iniciativa que se cocina para ampliar de manera sospechosa el número de Ministros en la Suprema Corte, y, lo explico:

Lo que se pretende es ampliar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en vez de dos Salas, existan 3, es decir, crear una nueva Sala en materia anticorrupción -lo que de entrada sonaría bien por lo sensible de la materia-, sin embargo, de acuerdo a mi criterio legal se vulneraría como nunca antes la división de poderes, ya que el presidente de la república tendría la oportunidad de contar con 5 nuevos ministros afines, más una sexta: la ministra que recién entró; y entonces así ir perfilando una Corte muy subornidada: no autónoma. Lo cual evidentemente no sería sano para nuestra de por sí débil democracia.

Ésta propuesta, como han dicho los expertos, no tiene razón de ser, más que la de llevar oculta en una hábil jugada de ajedrez la perversa intención de restarle independencia a la Suprema Corte, para así tomar su control. Si esto se logra concretar, los efectos serían, créanme, aquí sí, mil veces peor que los del dichoso memorando.

Y es que Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la SCJN, lo dijo claro en su columna del 8 de enero de este año para Milenio, recién rindió protesta en el cargo: “No se podría explicar la transición democrática de México sin el papel equilibrador, garante de la división de poderes... que la Corte ha desempeñado en las últimas dos décadas.”

¿Qué dirá ahora el Ministro Zaldívar? ¿Cuál será su postura privada y su postura pública frente a esta iniciativa de ampliar la Suprema Corte?

Creo que en la pública lo más cómodo para él -pero a la vez incongruente- sería guardar silencio mientras se discute, de ser el caso, el tema en el Congreso.

Por eso la pregunta en el título: ¿Y el Ministro Zaldívar?