Foto: Captura.
Foto: Captura.
Tags:

NUEVO LEÓN.- Como parte de las medidas de la contingencia sanitaria y económica por el Coronavirus, el alcalde de Apodaca,César Garza Villarreal, propuso que el Gobierno Federal otorgue facultades al Estado para que expida certificaciones a empresas de actividad esencial que les dé certidumbre para operar.

En reunión virtual con el Secretario de Economía y Trabajo del Estado, Roberto Russildi Montellano y la participación de 250 empresas instaladas en esta ciudad, el también Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) indicó que la federación debe dar la autonomía a los estados de analizar caso por caso y determinar cuáles actividades son esenciales en las entidades.

El Edil destacó que una de las principales preocupaciones de los empresarios es que pudieran ser sancionados por las autoridades federales si al momento de realizar una inspección deciden que su actividad no es esencial.

“Nuevo León debe ser abanderado para que los estados, y no la federación, los Estados tengamos la autonomía de determinar qué actividades son esenciales, finalmente esta crisis de salud se está atendiendo estatalmente, cada estado está aplicando criterios diferentes, Nuevo León lo está haciendo bien, eso lo hemos reconocido todos y Nuevo León tiene autoridad moral para decirle al Gobierno Federal que aquí en Nuevo León nosotros vamos a decir qué es esencial y qué no esencial para poderle dar certidumbre a las empresas”, expuso.

“La certidumbre es un ingrediente indispensable en los negocios y la gente nos pide, los representantes de empresas, algunos que tienen la proveeduría indirecta de una actividad esencial, que están en la rayita, nos piden una certificación de actividad esencial que les dé certidumbre, sería muy interesante que en los diálogos con el Gobierno Federal se pudiera facultar al Estado que es el que conoce la industria local, para expedir estos certificados de actividad esencial, que den certidumbre a las empresas y les permita operar con mayor confianza. En cualquier momento entra la federación con inspecciones y las sanciones pueden llegar incluso hasta ámbito penal, no sólo al ámbito administrativo, pueden llevar a la cárcel a una persona que tomó una decisión contraviniendo un decreto federal vigente”, añadió.