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CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el coordinador general de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas; y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, presentaron el Acuerdo de gobernabilidad y unidad nacional en la lucha contra el COVID-19.

Se acordó que el Acuerdo establece que el Gobierno de México y los estados velarán por la observancia del acuerdo, por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por el COVID-19, así como por las medidas y acciones dictadas por la Secretaría de Salud.

La Secretaría de Gobernación (Segob) será el vínculo entre los tres órdenes de gobierno para mantener la coordinación institucional permanente; se indica que las entidades establecerán las disposiciones de su ámbito de competencia para el cumplimiento de las medidas de Salud.

Entre las medidas está la ampliación de la jornada nacional de sana distancia hasta el 30 de abril, para contener la propagación de contagios y evitar la saturación de los servicios médicos; la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores públicos, privado y social.

El resguardo domiciliario corresponsable de la población, con énfasis en los adultos mayores de 60 años y con enfermedades, en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial. El personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse a laborar.

A su vez, el Gobierno de México y los estados coordinarán las acciones para garantizar, entre otros, la protección de las empresas y trabajadores durante la vigencia del acuerdo; el abasto y distribución de la canasta básica; la aplicación de medidas de apoyo social; la protección y resguardo de instalaciones estratégicas y redes públicas de comunicación; y la atención oportuna y suficiente de quienes requieran cuidados médicos en función de la epidemia de COVID-19.

Conjuntamente, se velará por mantener la gobernabilidad en todo el territorio nacional. La paz pública y la seguridad se garantizarán protegiendo la vida, integridad, seguridad jurídica y el patrimonio de la sociedad en su conjunto, con respeto a los derechos humanos y garantías individuales.